La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado a la creación de un sistema de monitoreo permanente para evaluar el cumplimiento de Brasil con sus recomendaciones tras las devastadoras inundaciones que afectaron el sur del país hace un año.
Según Javier Palummo, relator especial de la comisión, la iniciativa busca mantener un canal de comunicación continuo con el gobierno brasileño para fortalecer la rendición de cuentas, dar visibilidad internacional a buenas prácticas y prevenir retrocesos, especialmente en las zonas más afectadas y entre los grupos vulnerables.
Las inundaciones sin precedentes de abril y mayo de 2024 impactaron casi todos los municipios del estado de Rio Grande do Sul, dejando más de 2.3 millones de personas afectadas, cientos de miles desplazadas y 182 fallecidos, según datos oficiales. Un informe reciente de la comisión destaca desigualdades en el proceso de recuperación, señalando que comunidades indígenas y quilombolas, hogares encabezados por mujeres y personas sin vivienda han enfrentado grandes obstáculos para acceder a la ayuda.
Palummo, quien visitó las zonas afectadas en diciembre, subrayó que estos desastres no son solo naturales, sino que se agravan por la negligencia estructural y la vulnerabilidad climática exacerbada por el crecimiento urbano descontrolado y la degradación ambiental. La comisión presentará los hallazgos la próxima semana en Porto Alegre y en una audiencia pública el 8 de mayo en Brasilia.
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