La Corte Suprema de Brasil ordenó al gobierno federal incautar propiedades privadas cuyos dueños sean responsables de deforestación ilegal o incendios forestales. La decisión también impide la regularización de tierras adquiridas ilegalmente, una práctica que ha fomentado la destrucción de la selva amazónica al incentivar ocupaciones con la expectativa de que eventualmente sean legalizadas.
El fallo, emitido por el juez Flávio Dino, obliga a las autoridades a buscar compensación de los propietarios responsables de daños ambientales intencionales. La medida responde a una petición presentada por el partido Rede Sustentabilidade, con el respaldo de organizaciones ambientales que exigen políticas más estrictas para proteger la Amazonía y el Pantanal. Ambas regiones han sufrido incendios provocados desde 2020.
Expertos consideran que la decisión refuerza la lucha del gobierno contra la deforestación ilegal. Según la investigadora Brenda Brito, la restricción a la regularización de tierras vinculadas a crímenes ambientales es el aspecto más relevante del fallo, ya que actualmente las leyes no prohíben otorgar títulos a propiedades con antecedentes de destrucción ilegal.
El fallo no establece un plazo de aplicación, lo que podría permitir que el gobierno reclame tierras deforestadas ilegalmente en años anteriores. Hasta ahora, sectores agropecuarios no han emitido una respuesta oficial sobre la medida.
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