El Parlamento de Perú aprobó una enmienda a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que ha generado preocupaciones entre grupos ambientalistas e indígenas por su posible impacto en la deforestación del Amazonas. La modificación elimina la necesidad de autorización estatal para cambiar el uso de suelo forestal, lo que, según críticos, podría legitimar años de deforestación ilegal.
La reforma, promulgada en marzo, ha sido defendida por sectores agrícolas que argumentan que proporcionará estabilidad y certeza legal a los productores. Sin embargo, abogados y activistas señalan que la medida privatiza terrenos que la Constitución peruana considera patrimonio nacional. Además, la Corte Constitucional validó una disposición que legaliza cambios previos en el uso de suelo, lo que ha sido catalogado como el aspecto más preocupante de la nueva ley.
El apoyo detrás de la reforma proviene de una alianza entre intereses agrícolas y sectores vinculados a la minería ilegal y el tráfico de tierras. Expertos comparan este fenómeno con el debilitamiento de normativas ambientales ocurrido en Brasil bajo la administración de Jair Bolsonaro, que favoreció al sector agroindustrial.
Organizaciones civiles están preparando acciones en tribunales internacionales para impugnar la reforma. Líderes indígenas han advertido que la medida representa una amenaza directa para sus comunidades y sus territorios, aumentando la vulnerabilidad de la Amazonía ante la expansión de actividades económicas no reguladas.
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