El presidente Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a revitalizar la industria del carbón, permitiendo que plantas de carbón antiguas continúen operando y eliminando barreras para la minería en tierras federales. Estas medidas buscan satisfacer la creciente demanda energética impulsada por tecnologías como la inteligencia artificial, los centros de datos y los vehículos eléctricos. Además, otorgó a las plantas de carbón una exención de dos años de regulaciones ambientales que limitan emisiones de químicos tóxicos como mercurio y arsénico.
Trump también creó el Consejo Nacional de Dominio Energético, encargado de priorizar combustibles fósiles y reducir regulaciones ambientales. Este organismo tiene la tarea de promover la exportación de carbón y acelerar el desarrollo de tecnologías relacionadas, con el objetivo de fortalecer la posición de Estados Unidos en el mercado energético global. Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas podrían desviar recursos de inversiones en energías renovables, consideradas esenciales para enfrentar el cambio climático.
A pesar de los esfuerzos de Trump, expertos señalan que el impacto de estas acciones será temporal, ya que el gas natural y las energías renovables, como la solar y la eólica, son más competitivas y dominan el mercado energético. La industria del carbón ha experimentado una disminución significativa en las últimas décadas, pasando de proporcionar más del 50% de la electricidad en EE.UU. a solo el 16% en 2023.
Grupos ambientalistas han criticado las medidas, calificándolas de retroceso en la lucha contra el cambio climático. Argumentan que las plantas de carbón son costosas, contaminantes y poco confiables en comparación con las fuentes de energía modernas. Mientras tanto, la transición hacia un sistema energético más limpio y sostenible continúa siendo una tendencia dominante en el mercado global.
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