La Corte Suprema permitió a la administración de Trump deportar migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. Sin embargo, los migrantes deben tener la oportunidad de impugnar su deportación en un tribunal antes de ser expulsados de EE.UU., y los desafíos legales deben realizarse en Texas, no en Washington.
La decisión, dividida entre los jueces conservadores y liberales, bloquea temporalmente los vuelos que deportaron a cientos de migrantes a una prisión en El Salvador. Los jueces liberales criticaron la medida, argumentando que dificulta la revisión judicial y pone en peligro el estado de derecho.
El caso se ha convertido en un punto de tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales. Trump elogió la decisión como una victoria para la seguridad fronteriza y la protección de las familias estadounidenses, mientras que grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) destacaron la importancia de garantizar el debido proceso para los migrantes.
El juez Boasberg, quien inicialmente bloqueó las deportaciones, ordenó el regreso de los migrantes deportados, pero la administración se negó a cumplir con su orden, citando privilegios de secretos de estado. Esto ha generado llamados de aliados de Trump para la destitución del juez, lo que fue rechazado por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
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