El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos, cumpliendo una promesa de campaña dirigida a los conservadores. La medida busca transferir la política educativa a los estados y juntas locales, lo que ha generado alarma entre defensores de la educación pública.
Aunque cerrar completamente el departamento requiere la aprobación del Congreso, Trump afirmó que esta orden es un primer paso para reducir sus funciones a lo esencial, como la administración de préstamos estudiantiles y recursos para estudiantes con necesidades especiales. La orden sigue a un anuncio de despidos masivos en el departamento, en línea con los esfuerzos de Trump por reducir el tamaño del gobierno federal.
La decisión ha polarizado opiniones, con republicanos apoyando la medida como un retorno al control local y demócratas advirtiendo sobre el impacto negativo en programas educativos clave. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses se opone al cierre del departamento, destacando la controversia en torno a esta iniciativa.
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