El Parlamento de Indonesia aprobó por unanimidad una controvertida revisión de la ley militar que permitirá a los oficiales en servicio activo ocupar más cargos civiles sin renunciar a las fuerzas armadas. Esta medida ha generado preocupación entre activistas pro-democracia y grupos de derechos humanos, quienes temen que pueda restaurar el sistema de «doble función» de la era dictatorial de Suharto, cuando los militares tenían un papel dominante en los asuntos civiles y políticos.
La nueva ley amplía el número de instituciones en las que los militares pueden servir, incluyendo la Oficina del Fiscal General y la Corte Suprema, y otorga al presidente la facultad de nombrar personal militar en otros ministerios según sea necesario. Críticos como Al Araf, director del grupo de derechos Imparsial, consideran que esta medida contradice las reformas democráticas implementadas tras la caída de Suharto en 1998.
Además, el proceso de aprobación de la ley ha sido señalado por su falta de transparencia, con reuniones secretas y una tramitación acelerada. Investigadores advierten que este enfoque podría debilitar los fundamentos de la democracia constitucional en Indonesia.
Por su parte, el ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, defendió la ley argumentando que es necesaria para enfrentar los cambios geopolíticos y tecnológicos globales, y aseguró que fortalecerá la efectividad militar del país. Sin embargo, la controversia persiste, con temores de que esta medida pueda marcar un retroceso hacia un sistema autoritario.
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