La administración Trump deportó a cientos de migrantes a El Salvador, a pesar de una orden judicial que bloqueaba temporalmente las deportaciones. Estas se llevaron a cabo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de tiempos de guerra que otorga poderes extraordinarios al presidente para detener o expulsar extranjeros en situaciones de conflicto. La ley, invocada solo tres veces en la historia de EE. UU., fue utilizada para justificar estas deportaciones, aunque no se ha declarado una guerra formal.
El juez James E. Boasberg emitió la orden de detener las deportaciones el sábado por la noche, pero dos aviones con migrantes ya estaban en el aire, uno rumbo a El Salvador y otro a Honduras. Aunque el juez ordenó verbalmente que los aviones regresaran, esto no se incluyó en su orden escrita, y los vuelos continuaron.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele, aliado de Trump, aceptó albergar a unos 300 migrantes en una prisión de alta seguridad por un año, a cambio de $6 millones de dólares. Los migrantes fueron trasladados al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), conocido por sus estrictas condiciones. Videos mostraron a los deportados esposados, siendo transportados en convoyes y sometidos a medidas estrictas al llegar a la prisión.
La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), una organización sin fines de lucro que defiende los derechos individuales y las libertades garantizadas por la Constitución de los Estados Unidos, presentó la demanda que llevó a la orden judicial. La ACLU expresó preocupación por posibles violaciones a la orden del juez y destacó la falta de evidencia que vincule a los migrantes con la pandilla venezolana Tren de Aragua, señalada por Trump como una amenaza.
El gobierno venezolano condenó la invocación de esta ley, calificándola como evocadora de episodios oscuros de la historia, como los campos de concentración nazis. Abogados de derechos humanos advirtieron que esta medida podría usarse para deportar a cualquier venezolano sin un debido proceso, lo que plantea serias preocupaciones legales y éticas.
Deja un comentario