El colapso de la represa de Mariana, ocurrido en 2015 en Brasil, dejó una marca indeleble como el peor desastre ambiental en la historia del país. La tragedia cobró la vida de 19 personas y desplazó a miles, mientras una avalancha de lodo tóxico arrasó con comunidades, contaminó el río Doce y destruyó importantes ecosistemas en la región. Este evento no solo devastó el medio ambiente, sino que también dejó profundas cicatrices sociales y económicas para las comunidades afectadas.
En Londres, las víctimas buscan justicia a través de un juicio histórico contra la minera BHP, copropietaria de la represa junto con otras empresas. Más de 600,000 personas, junto con gobiernos locales y empresas, se unieron para presentar una demanda colectiva que busca una compensación millonaria por los daños sufridos. Este caso marca un hito en la búsqueda de responsabilizar a grandes corporaciones por sus actos y sus consecuencias.
Por su parte, BHP argumenta que no operaba directamente la represa y que ya se han destinado miles de millones de dólares para reparar los daños a través de programas establecidos en Brasil. Sin embargo, las víctimas aseguran que estas acciones no han sido suficientes ni han contado con su participación directa, lo que las lleva a exigir medidas concretas y transparentes que realmente atiendan las necesidades de las comunidades afectadas.
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