La administración de Donald Trump planea revocar el estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes admitidos bajo programas humanitarios. Esto incluye a 240,000 ucranianos que huyeron del conflicto con Rusia, así como a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio para limitar programas humanitarios implementados previamente.
La revocación podría llevar a deportaciones aceleradas, afectando a personas que han establecido vidas en EE.UU. y que dependen de estos programas para trabajar y residir legalmente. Además, la administración ha pausado la tramitación de solicitudes relacionadas con estos programas, generando incertidumbre para miles de familias.
Los críticos argumentan que estas políticas afectan a personas vulnerables y aliados internacionales, mientras que los defensores sostienen que buscan reforzar el cumplimiento de las leyes de inmigración. Este cambio subraya un enfoque más restrictivo en la política migratoria de EE.UU., con implicaciones humanitarias y geopolíticas significativas.
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